viernes, 28 de marzo de 2014

El grupo de presión Shale Gas pide un "acto de fé" para el fracking



Fuente: El Diario Montañés



La industria del gas responde al Gobierno de Cantabria que el fracking nunca contamina


Shale Gas, organización que agrupa a "la industria del gas" del país, ha salido en defensa de su negocio justo cuando el Estado y el Gobierno de Cantabria dirimen ante el Tribunal Constitucional la ley que prohíbe esta técnica en la región desde el año pasado. Aunque sin dirigirse expresamente a la Administración regional, Shale Gas ha difundido una nota de prensa donde contesta los principales argumentos esgrimidos en las alegaciones que tanto el Gobierno autonómico como el Parlamento de Cantabria han enviado esta semana al tribunal para conseguir que levante la suspensión cautelar de la ley. De esta forma, la organización entra en un debate entre administraciones, iniciado tras el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Ministerio de Industria y admitido a trámite.
Si tanto el Gobierno como la Cámara dieron por sentados los riesgos del fracking, y alertaron de su futuro perjuicio sobre los ríos y acuíferos, y sobre los miles de cuevas de la región, especialmente en Altamira o en El Soplao, Shale Gas replica que "la fracturación hidráulica no puede en modo alguno causar efectos nocivos en el patrimonio subterráneo de las zonas en las que se ponga en práctica". Admite que "la apertura de microfracturas mediante el empleo de la fracturación hidráulica, normalmente a profundidades mayores de 2.000 metros, puede originar micro-sismos", pero añade que "generalmente presentan magnitudes en la escala de Richter menores que cero, muy bajas".
Este tipo de minería inyecta toneladas de agua a gran presión, mezclada con rocas y materiales químicos, para detectar y desencapsular el gas pizarra a grandes profundidades. El Gobierno de Ignacio Diego sostiene que 353 de dichos productos químicos son "potencialmente tóxicos", extremo que niega la industria: "Se utilizan en proporciones muy bajas en relación al volumen del agua utilizada, alrededor de 0,5% o menores".
En general, esta segunda visión de un mercado boyante, que según el ministerio podría aliviar la balanza energética del país, dibuja una minería para la extracción subterránea sin ningún problema directo o colateral: "Son proyectos totalmente compatibles con el mantenimiento de las actividades habituales de la zona: agricultura, turismo, sector vinícola, etcétera, tal y como sucede en los países en los que la exploración y/o producción de hidrocarburos no convencionales es ya una realidad". Y lo son, porque en España están sometidos a la máxima protección ambiental, superando incluso las recomendaciones de la Comisión Europea presentadas el pasado 22 de enero de 2014.
Shale Gas se apoya en informes externos, como también lo hace la Administración cántabra en sus alegaciones (precisamente con estudios de la propia Unión Europea). El Ejecutivo y el Parlamento, aún así, no desprecian por completo esta ingeniería, sino que la consideran inconveniente para la región por su singularidad paisajística y por la cercanía de sus 102 municipios, lo cual impedirá mantener una distancia suficiente entre los núcleos de población y los pozos. La industria, por su puesto, también replica este argumento. "En una fase de exploración se perfora un número muy limitado de pozos y cada uno de ellos ocupa una superficie equivalente a la de uno a tres campos de fútbol. En el caso de proyectos en fase de producción, gracias a las técnicas disponibles hoy en día, se perforan varios pozos desde un mismo emplazamiento, consiguiéndose reducir al mínimo el impacto visual y la ocupación del terreno".



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