sábado, 22 de marzo de 2014

El gobierno de La Rioja responde a Rajoy en el tema del fracking




La Rioja defiende que su ley de "fracking" se ajusta a la Constitución.


El Gobierno de La Rioja ha considerado hoy que la ley que prohíbe el uso del "fracking" en la Comunidad se ajusta plenamente al ordenamiento constitucional español, por lo que ha expresado su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo de recurrirla ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Consejo de Ministros ha aprobado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de La Rioja en la que se prohíbe la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas convencional, conocida como "fracking".
El Gobierno de La Rioja, en una nota, ha reiterado su oposición al uso de esta técnica en esta región por los riesgos para el medio ambiente y la actividad agraria, por lo que ha señalado su intención de defender esta ley.
Ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los riojanos y ha reiterado que, en el momento en el que se presente una solicitud que contemple el uso del "fracking", se manifestará en contra de su aplicación y exigirá estudios de impacto ambiental.
En cuanto a la norma recurrida, el Ejecutivo riojano ha destacado que la comunidad autónoma tiene competencias suficientes para aprobar esta ley.
Ha precisado que la doctrina del TC respecto a la protección del medio ambiente es "clara" y señala que el Estado tiene la competencia para establecer un rango mínimo común de protección ambiental aplicable en todo el territorio nacional y las comunidades autónomas pueden ampliar esta protección, aunque nunca reducirla.
En este contexto, la prohibición en La Rioja de la utilización de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional es una medida reforzada del medio ambiente del territorio riojano, ha dicho.
El Gobierno de La Rioja ha asegurado que la prohibición del "fracking" no es una medida arbitraria, puesto que está fundamentada en la aplicación de un principio de actuación pública recogido por la propia Unión Europea (UE), en referencia al principio de cautela en materia de medio ambiente.
Ha argumentado que la promulgación de la Ley 7/2013 que prohíbe el "fracking" no constituye una prohibición general, sino específica y, en los términos de la doctrina más consolidada del TC sobre la materia, "está claro que las comunidades autónomas pueden intervenir sobre prohibiciones de carácter específico".
En este sentido, ha recordado que no hay vigente una prohibición general, ya que están permitidas todas las técnicas tradicionales de extracción de gas, salvo una: la fractura hidráulica.
Fuente: EFE

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