MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el
que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de la Rioja 7/2013, en la que se prohíbe en
esta comunidad autónoma la técnica de fractura hidráulica, o 'fracking', para
la extracción de hidrocarburos con convencionales.
Este recurso es continuación del ya presentado por el
Gobierno central contra la Ley 'Antifracking' de Cantabria, la primera de estas características que se
aprobó a nivel autonómico, y a la que luego siguieron las de La Rioja y
Navarra.
En concreto, el artículo 1 de la Ley 7/2013 prohíbe la
investigación y extracción de gas esquisto o no convencional en La Rioja y el
almacenamiento geológico en el supuesto de que haya que utilizar la técnica de
fractura hidráulica o 'fracking'.
Para pedir la suspensión de esta ley, el Gobierno
invocará el artículo 161.2 de la Constitución. Según sus argumentos, la norma es ilegal
porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que prevé que
corresponde a la Administración General del Estado otorgar autorizaciones y
permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más
de una comunidad autónoma y en las zonas de subsuelo marino.
Además, considera que la ley de La Rioja, al prohibir
la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del
'fracking', vacía de competencias al Estado en materia de hidrocarburos. Se entiende,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que las competencias
autonómicas sobre medio ambiente no
pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las
competencias estatales.
La normativa estatal es conforme a la normativa
de la Unión Europea, que no prohíbe esta
técnica de explotación de gas no convencional, asegura además el Gobierno.
El Ejecutivo recuerda que la Comisión Europea adoptó el 22 de enero
de 2014 una recomendación que establece los principios de aplicación por los
Estados para garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima
en lo que respecta al 'fracking'.
En España la normativa vigente ya prevé la realización
de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones
de la Comisión, añade.
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