El
presidente Juan Orlando / REUTERS
Publicado en El País
Por Jacobo García
/ México
10 de febrero de 2017
La
ONU tuvo que proteger a la ONG Global Witness para que sus representantes no
fueran detenidos por revelar vínculos del partido oficial con proyectos
hidroeléctricos que han causado decenas de muertes
La organización Global Witness
denunció que Honduras es “el país más peligroso del mundo para los ecologistas”.
Por esta razón, el martes 31 de enero presentó en Tegucigalpa un informe con
ese título, resultado de dos años de trabajo y cientos de entrevistas, donde
dice haber recogido pruebas sobre 123 asesinatos desde 2010.
Hasta ahí todo dentro de la
macabra normalidad hondureña en lo que a ecologistas se refiere. De hecho, el
acto se había celebrado sin contratiempos y con la presencia de instituciones
nacionales e internacionales incluida la hija de Berta Cáceres, líder ecologista
asesinada en marzo de 2016, en señal de respaldo.
Sin embargo, dos días después
de su presentación, el jueves 2 de febrero, Ben Leather y Billy Kyte,
representantes de la organización, pidieron urgentemente la protección del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH en Tegucigalpa, cuando vieron
al ministro de Ambiente José Galdámez aparecer en televisión y exigir su
inmediata detención durante un programa matinal.
Ante la amenaza de ser
encarcelados y los reproches posteriores de destacadas figuras políticas del
país, el Alto Comisionado se encargó de su simbólica protección durante las 24
horas que continuaron en el país, hasta su salida definitiva el viernes 3 de
febrero.
Durante esas horas ambos
contaron con escolta policial, proporcionada por la oficina de DDHH de
Honduras, mientras las embajadas de Inglaterra y Estados Unidos ayudaban a su
resguardo.
“Fue una amenaza política sin
ningún fundamento legal. Que un ministro pida públicamente a la fiscalía que
actúe, sólo porque no está de acuerdo con nosotros, es un gesto que refleja la
dramática situación que viven los defensores de DDHH en Honduras” explicó
Leather a EL PAÍS.
En medio de un creciente acoso
y persecución hacia los ecologistas que se oponen a los distintos proyectos
hidroeléctricos en Honduras, el informe de Global Witness, una organización con
sede en Londres y Washington con 24 años de experiencia en el la investigación
de delitos ecológicos, se enmarca en el mismo contexto de anteriores informes
publicados por Amnistía Internacional, Naciones Unidas o la Corte
Interamericana (CIDH) quienes han expresado su preocupación.
Tanto la CIDH como la ONU
habían exigido al gobierno de Honduras medidas para que los defensores de
derechos humanos puedan ejercer su labor “sin temor a las amenazas o el
asesinato" e insistieron en que “Honduras es una de los países más
peligrosos para los defensores de derechos humanos” señalaron en agosto Michel
Forst (ONU) y José de Jesús Orozco (CIDH).
Sin embargo, la reacción del
gobierno de Juan Orlando Hernández fue todo lo contrario.
El informe de Global Witness
que tanto irritó al Gobierno de Honduras incluye la denuncia de importantes
vínculos de miembros del derechista Partido Nacional, actualmente en el poder,
con las empresas hidroeléctricas. El informe hace un detallado recorrido por
las élites políticas y empresariales hondureñas que estarían usando medios
corruptos y delictivos para sacar provecho de la riqueza natural del país
consiguiendo el apoyo de las fuerzas estatales, para asesinar y aterrorizar a
las comunidades que se atreven a interponerse en su camino" dijo Kyte
durante la presentación.
En concreto el documento cita a
la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, Gladis Aurora
López, como propietaria de proyectos hidroeléctricos en el oeste del país. La
ONG afirma en el documento que el esposo de López, Arnold Castro, construye dos
megaproyectos hidroeléctricos -Los Encinos y La Autora-, para vender energía al
Estado.
La diputada sin embargo dijo
que las acusaciones son falsas y aunque admitió ser propietaria del proyecto
Aurora desmintió estar involucrada en actos de violencia. López reprochó
también a quienes "ponen en riesgo la inversión en el país" con
denuncias falsas y amenazó con denunciar a la ONG a la que pidió retractarse.
En la misma dirección el
presidente Juan Orlando llamó “irresponsable” a GW y acusó de presentar el
informe sin pruebas. "Cuando uno denuncia, crítica, protesta, tiene que
dar la cara y decir acá están las evidencias" y pidió a los hondureños
“cuidar la imagen” del país.
"El hecho de que la ONU me
tuviera que rescatar quiere decir que el gobierno tiene miedo de los hallazgos
(...) El Estado negó la evidencia contundente en nuestro informe, basado en una
investigación seria y rigurosa con más de 250 fuentes que incluyen documentos
del propio Estado” defendió el representante de Global Witness.
Para los ecologistas la actitud
del gobierno de Honduras, lejos de facilitar su trabajo añade más tensión a una
labor de resistencia que en Honduras se paga con la vida. Segun Reina Rivera,
activista de DDHH quien maneja un fondo de ayuda a ecologistas en peligro,
"solamente en el Bajo Aguan, en los últimos tres años, hemos contabilizado
90 asesinatos de miembros de movimientos campesinos", denuncia a EL PAÍS.
Según sus datos "la cifra de 123 asesinados de GW se queda corta".
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