Tendido
eléctrico en El Berrón, cerca de Oviedo. (Reuters)
Publicado en El
Confidencial
Por José Antonio Navas
02 de febrero de 2017
Lo puede decir más alto pero no
más claro. La Comisión Europea asegura que el Reino de España “infringe sin
ambigüedad” la política energética establecida en las directivas comunitarias
sobre el mercado interior del gas y de la electricidad. El denominado tercer
paquete energético data del año 2009, pero los sucesivos Gobiernos de Zapatero
y de Rajoy se han hecho los remolones a la hora de incorporar al derecho
español los principios básicos adoptados por Bruselas. La situación alcanza
ahora su momento crítico con el dictamen motivado abierto contra nuestro país,
en pleno debate político sobre el recibo de la luz.
La cuesta de enero se ha hecho
especialmente empinada este año para los seis millones de españoles sujetos al
llamado precio voluntario para el pequeño consumidor, el célebre PVPC que
establece el grueso de la tarifa eléctrica a nivel doméstico en nuestro país.
El Gobierno ha tratado de poner el carro delante de los bueyes para sacudirse
las sandalias ante la eventual crispación social que genera toda subida
repentina y brutal en el recibo de la luz. La actitud preventiva de Álvaro
Nadal podía derivar en una excesiva sobreactuación, pero la verdad es que el
ministro de Energía tiene motivos fundados para colocarse la venda antes de
recibir el golpe.
La razón que explica la controversia
política que ha polarizado estos días los debates parlamentarios sobre el
mercado eléctrico tiene su origen en Bruselas y en el más soterrado, pero no
menos trascendental, conflicto a que está abocado el nuevo responsable de la
política energética española. En medio de todo el trajín, se ha constatado
ahora que la Comisión Europea tiene abierto desde el pasado 29 de septiembre un
dictamen motivado derivado de un procedimiento de infracción contra España,
precisamente por la regulación singular con que se manejan en tierra patria los
precios de la luz.
El documento remitido desde la
capital europea supone un monumental tirón de orejas que ha tenido que asumir,
por razones del cargo, el actual ministro de Energía. Nadal tomó posesión de su
cartera el 4 de noviembre, y en menos de un mes estaba obligado a contestar el
oficio de las autoridades comunitarias sobre una materia que puede convertirse
en un ‘casus belli’ para España. El desencuentro reside en la exigencia de la
Comisión Europea de que los precios de los peajes eléctricos sean transferidos
a la CNMC, algo a lo que el Gobierno se resiste como verdadero gato panza
arriba.
El ministro entiende que el
organismo regulador, ahora en fase de reconversión por razones del guion
político, dispone de funciones suficientes para determinar la metodología de
las tarifas, pero eso no implica, según señaló Nadal en el Congreso de los
Diputados la pasada semana, que su departamento tenga que ceder también el
control efectivo sobre la fijación de los peajes eléctricos. Dichos costes
representan el componente fijo que, impuestos aparte, se repercute luego al
recibo de la luz, prácticamente la mitad de la factura, y constituyen un
aspecto básico a la hora de definir la política energética.
El
ministro de Energía, Álvaro Nadal. (EFE)
La Comisión Europa opina todo
lo contrario, y su criterio no admite dudas a la vista del requerimiento
enviado a España y al que ha tenido acceso El Confidencial: “La legislación
española —advierte Bruselas— vulnera las competencias exclusivas concedidas por
el derecho de la Unión a las autoridades regulatorias nacionales [ARN]”, que en
nuestro país es la CNMC. Los funcionarios comunitarios subrayan a este respecto
que toda la intervención del Gobierno está excluida de las directivas 72/2009 y
73/2009 del Parlamento y del Consejo Europeo…..
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