Publicado en Blog
Derechos del Pueblo
Por Equipo Jurídico
Pueblos
06 de enero de 2017
El 24 de diciembre de 2016 en
el casco urbano del municipio de Pelaya - Cesar, fueron capturados los
campesinos JOSÉ ÁNGEL LINDARTE de 49 años de edad, desplazado y tesorero de la
Junta de Acción comunal de la Vereda Singararé del municipio de Pelaya y REINEL
PAYARES de 40 años de edad, también desplazado y padre de tres hijos menores de
edad. Ambos pertenecen al Movimiento de Trabajodorxs, Campesinxs y Comunidades
del Cesar -MTCC-, adscritos al Coordinador Nacional Agrario -CNA-.
Fueron privados de libertad en
horas de la tarde por hombres armados de civil en el momento en que se dirigían
hacia sus lugares de residencia para celebrar la navidad en familia. JOSÉ ÁNGEL
fue abordado por miembros de la Dijín que se movilizaban en una camioneta
Blanca 4x4 de platón, quienes le apuntaron con armas de fuego y amenazaron a un
familiar que lo acompañaba.
Simultáneamente, mientras
REINEL PAYARES, se encontraba en un almacén de Pelaya comprando vestuario para
su hija, fue capturado. No se le permitió llamar a su compañera para informarle
el hecho y hacerle entrega de la menor, quien permaneció extraviada por 45
minutos cuando fue entregada en la Estación de policía, a la madre, en un
evidente estado de alteración sicológica por lo ocurrido con su padre.
A los campesinos les imputaron
los delitos de Rebelión, Terrorismo y Concierto para Delinquir, tras
señalamientos de pertenecer al Ejercito de Liberación Nacional - ELN y de haber
supuestamente participado en la quema de una maquinaria de propiedad de la
empresa Gecolsa, contratista de la concesionaria Ruta del Sol, ocurrida el 2 de
diciembre de 2016.
La investigación es adelantada
por la Fiscalía 47 de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo con sede en Valledupar,
en cabeza de Cesar Augusto Tibamoso Flechas, responsable también de la
detención de varios campesinos de la región, entre ellos, 8 ciudadanos del
Corregimiento de los Estados Unidos del Municipio de Becerril, bajo similares
cargos. Funcionario que además orgullosamente exhibe las condecoraciones que le
han sido entregadas por la X Brigada del Ejército, haciendo gala de una escasa
imparcialidad que en teoría debe caracterizar a quien se le confieren
facultades para solicitar la detención preventiva de lxs ciudadanxs en
Colombia.
Después del encarcelamiento de
JOSÉ ANGEL y REINEL, los militares han difundido la versión de que existe una
lista de cuarenta personas con orden de captura, entre esos, mencionan al
dirigente campesino TRINO RAVELO y otros líderes comunitarios.
Las comunidades campesinas que
habitan en las veredas de la parte alta y baja del municipio de Pelaya,
organizadas en el MTCC, se han opuesto a la explotación petrolera y al diseño
de la carretera de doble calzada denominada como la Ruta del Sol, por cuanto
origina graves daños ambientales. En el 2016 realizaron varias jornadas de
protesta como única alternativa para que sus exigencias fueran escuchadas.
En respuesta, miembros del
Batallón Energético y Vial No. 3 vienen realizando permanentes empadronamientos
en las vías que conducen del casco urbano de Pelaya a la parte alta de la
cordillera. Quien transita por las mismas es registrado en libros de control
militar, e indagado por el número de integrantes de la familia, trabajadores de
su finca, además de ser fotografiados. Esta situación ha generado un ambiente
de incertidumbre y zozobra en el campesinado de la región.
Durante la visita de
verificación realizada por el Equipo Jurídico Pueblos el 4 de enero de 2016 a
la zona rural de Pelaya, las comunidades denunciaron que el Ejército Nacional
viene realizando retenes en los que revisan la cantidad de mercado que
transportan y filman en sus celulares a los campesinos.
El 3 de enero de 2017 en la
vereda Santa Ana de Pelaya, un dirigente que ha estado liderando procesos de
recuperación de tierras, fue fotografiado junto con su hija mientras que
miembros del Ejercito Nacional registraban sus datos personales. Los campesinos
denunciaron que el comandante del Ejercito apostado en esta vereda posee los
nombre de todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la región,
igual situación sucede en la región del Catatumbo en Norte de Santander.
Esta región del departamento
del Cesar ha sido históricamente reprimida por el Estado colombiano. Las
comunidades manifiestan profunda preocupación, porque identifican que el
empadronamiento militar siempre ha precedido a las detenciones masivas (como
viene ocurriendo) o el asesinato de sus habitantes. Entre 1995 y 2005, el
paramilitarismo, con la anuencia del Ejército Nacional, cobró una cifra alta de
víctimas de tortura, desaparición forzada y homicidios, generando
desplazamiento masivo de todos sus pobladores; las cuales -dicen los labriegos-
ocurrieron en medio de un ambiente similar al que hoy perciben.
Desde pocos años, las
comunidades campesinas, -sin respaldo estatal alguno- gradualmente han
regresado a sus predios con la pretensión de reconstruir sus procesos
organizativos; encontrando la hostilidad y violencia de macro-proyectos
económicos y de infraestructura, en beneficio de grandes empresas, entre ellos,
la Ruta de Sol; fuertemente protegidos por el aparato militar y policial;
pretensión a la que al parecer, se suma la Fiscalía General de la Nación, a
través de la Unidad Nacional contra el Terrorismo.
Desde el 5 de diciembre de 2016
aumentó la militarización en la región, mediante el retén del Ejército Nacional
ubicado en la finca Los Cocos, desde donde se intimida a las campesinos que
obligatoriamente deben transitar por esa vía. “Si uno pasa diez veces por ahí,
esta misma cantidad de veces lo anotan en libretas, nos toman fotos, nos
revisan el mercado, esto lo llevan haciendo los últimos seis meses”, denunció
un campesino.
Las últimas detenciones de
campesinos de la Región, acusados de pertenecer a la insurgencia, guardan tales
semejanzas, que no hemos dudado en hablar de patrones de sistematicidad en esta
acción arbitraria del Estado; pues no sólo están precedidas como ya indicamos
de prácticas vetadas al ejército nacional (el empadronamiento y la
intimidación), sino que las acusaciones se basan exclusivamente en los dichos
abstractos de desertores de la guerrilla que reciben beneficios del Gobierno y
los procesos se caracterizan por la dilación de los términos, de tal forma que
la privación de la libertad se prolonga al máximo.
En nada difieren estos
procesos, del modelo de juzgamiento diseñado durante el gobierno Uribe Vélez en
los que igual que hoy, Fiscalía y fuerzas militares, sumaron esfuerzos contra
comunidades campesinas, bajo el supuesto de combatir a la insurgencia. Esta
situación, fue advertida en el informe sombra, presentado por el Equipo
Jurídico Pueblos, el Congreso de los Pueblos y la Red internacional de derechos
humanos - RIDH, con el apoyo de otras organizaciones y juristas del mundo, ante
el comité del Pacto de las Naciones Unidas.
Hoy nos vemos compelidos a
lanzar una nueva alerta, por el alto riesgo en que se encuentran las
comunidades del Cesar, pues parece incrementar el nivel de violencia contra
quienes resisten a la implementación de macro-proyectos económicos, que
ocasionan un impacto de incalculables dimensiones sociales y ambientales.
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