Pintada
contra el fracking en Cantabria
Publicado en eldiario.es
Por Marcos Martínez
Navarro
22 de enero de 2017
Demos
un paso adelante, sentémonos y debatamos qué organización territorial queremos
en España y cómo queremos insertarnos en ella desde Cantabria
Esta semana conocíamos el veto
por parte del PP en el Senado a una propuesta realizada por Compromís para
prohibir el fracking en España. La votación se llevó a cabo en la Comisión de
Medio Ambiente, de la que es vocal el senador por Cantabria del PP Javier
Fernández, exconsejero de Medio Ambiente durante el Gobierno de Ignacio Diego.
Durante los años que ocupó
dicho puesto, Javier Fernández fue uno de los redactores de la Ley Antifracking
de Cantabria, posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional por
invasión de competencias estatales, a petición del propio PP. El exconsejero se
ausentó de la votación, no siendo capaz de defender su postura contraria a esta
práctica. Ya en 2013 los senadores cántabros del PP habían votado a favor de la
realización del fracking en España, pese a mostrarse como férreos adversarios
del mismo en Cantabria.
La mayor parte de reacciones
que hasta ahora ha suscitado dicha votación se centran en la incoherencia de
los senadores populares y en su falta de voluntad y compromiso con la defensa
de los intereses de Cantabria en Madrid. Desde luego, no seré yo quien niegue
este punto de vista, pues es evidente. Los dos grandes partidos estatales
llevan décadas mostrando su falta de compromiso con esta tierra. Sin embargo,
pienso que debemos dar un paso más en las conclusiones a extraer.
Debemos de preguntarnos por qué
al PP le resulta tan fácil votar en Madrid en un sentido opuesto a su postura
en Cantabria. Por el amplio consenso existente en la sociedad cántabra contra
la fractura hidráulica, el anterior Ejecutivo tuvo que desarrollar una Ley
autonómica que prohibía la práctica del fracking en nuestra tierra.
Su desarrollo y su aprobación
supusieron legitimar al PP cántabro, frente a la postura favorable al fracking
del exministro de Industria José Manuel Soria. Sin embargo, a petición del
propio PP, el Tribunal Constitucional anuló esta norma considerando que invadía
competencias estatales al vulnerar la Ley del Sector de Hidrocarburos, según la
cual, corresponde a la Administración General del Estado otorgar las
autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito de
más de una Comunidad y en las zonas de subsuelo marino.
Es decir, que la razón última
de la reiterada actitud del PP se debe a que los cántabros carecemos de los
mecanismos necesarios para decidir sobre lo que queremos o no queremos que
hagan con nuestro territorio.
Desde Podemos, tenemos la
capacidad, la legitimidad y la potencia mediática suficiente como para,
teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, poner encima de la mesa el
verdadero debate que subyace a esta noticia: el déficit de capacidad de
decisión del pueblo cántabro.
La incoherencia del PP tiene
que ser denunciada. Pero el statu quo territorial que permite que se pueda
llevar a cabo esa práctica incoherente, también. Por lo tanto, es hora de
plantearnos el modelo territorial del Estado y el papel de Cantabria en el
mismo. De discutir sobre la vigencia del actual modelo autonómico y la
necesidad de repensarlo y avanzar hacia un modelo realmente federal. Y de
debatir también sobre qué actores políticos y al servicio de qué intereses se
benefician del modelo actual.
A Miguel Ángel Revilla y el
regionalismo hegemónico que él representa dentro de su partido le conviene
perpetuar el statu quo territorial basado en una descentralización no
federalizada que provoca que pensemos la política cántabra en una eterna lógica
de relación -de dependencia- con Madrid. Así, puede continuar mostrándose como
el único actor capaz de defender los intereses de Cantabria dentro de este
marco, jugando el papel de mediador entre el pueblo cántabro y el Estado
central.
Durante el ciclo corto
electoral, especialmente en las primeras elecciones generales, desde Podemos
Cantabria optamos por disputar esta idea. En gran medida para atraer a votantes
regionalistas desencantados con la práctica política del PP y el PSOE en
relación con las demandas territoriales de Cantabria. Sin embargo, pasado el
periodo electoral, nos toca ser protagonistas e impulsores del debate
territorial y cómo queremos que sea la inserción de Cantabria en el conjunto
del Estado.
Nos toca pensar en una
auténtica federalización de España y el papel que desde Cantabria queremos
jugar en la misma. Federalización que no tiene que ver con el actual modelo de
Estado unitario descentralizado que genera las lógicas de dependencia
"provincialistas" descritas anteriormente, de las que tanto se
aprovechan personas como Revilla, sino con la construcción de un modelo desde
los diferentes constituyentes libres que se asocien en una federación.
Un modelo federal que desborde
los márgenes clientelares del Régimen del 78, en el que las competencias de los
diferentes entes federados y las del Estado federal se delimiten y diferencien
claramente, quedando explícitamente reflejadas tanto en la Constitución federal
como en la de cada uno de los entes federados, desarrolladas y aprobadas sin la
participación del Estado federal en el proceso. Un Estado en el que exista un
Senado federal que represente los intereses de los territorios federados y en
el que se garantice la participación de estos en la reforma de la Constitución
federal….
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