Jesús Iglesias Fernández Senador de IU por Asturias Las víctimas más directas de la crisis son ese 27% de trabajadores en el paro y las decenas de miles de ciudadanos que han perdido su vivienda. Pero tras ese drama social se oculta también una tragedia medioambiental. En un país como el nuestro con una legislación previa excesivamente laxa y permisiva, las dificultades económicas están sirviendo de coartada para que las estrategias gubernamentales introduzcan cambios normativos que en la práctica significan amnistiar los desaguisados urbanísticos cometidos en la costa española y ampliar las posibilidades de mercantilización de los recursos hídricos, a la vez que se reducen las exigencias en reutilización de envases. También que, mientras se impone el cierre de la minería de interior, se sienten las bases para la supervivencia de la minería a cielo abierto, que es la que genera menos empleo y mayores impactos ambientales.
Al calor de esa realidad económica angustiosa nunca falta quien esté dispuesto a hacer negocio imponiendo, a cambio de la creación de algunos empleos, técnicas y actividades incompatibles con el mínimo respeto al medio natural. Lo hacen las multinacionales que siguen el rastro del oro que los romanos, con la tecnología de su época, no pudieron extraer, y lo están haciendo ahora las empresas que pretenden extraer gas mediante fractura hidráulica.
El ministro Soria ha venido concediendo permisos de investigación por toda España, pero especialmente en la franja cantábrica, con la única exigencia de un estudio de impacto ambiental y manteniendo hasta el presente que la normativa vigente lo amparaba. Pero se ha empezado a encontrar con la resistencia de algunas comunidades autónomas. Frente al entusiasmo del anterior Lendakari con el «fracking» tras visitar USA, el actual Gobierno vasco pidió un período de reflexión. Las Cortes de Aragón se pronunciaron por unanimidad hace mes y medio en contra de esa técnica; la Junta General del Principado ya lo había hecho en febrero con la abstención de UPyD, como respuesta a las autorizaciones concedidas; las más contestadas las del entorno de Villaviciosa (Cuélebre I y II). El Parlamento de Cantabria aprobó una ley prohibiendo el uso de la fractura hidráulica en su territorio.
Las reservas de las comunidades autónomas responden al principio de prevención y precaución ante un sistema que, para la extracción del gas, inyecta productos químicos que dejan en el fluido recuperado metales pesados como el mercurio, el plomo y el arsénico y elementos radiactivos como el uranio o el radio. A la vez, se emite a la atmósfera compuestos orgánicos volátiles y cancerígenos como benceno, tolueno, xileno, naftaleno, sin citar el riesgo de contaminación para las aguas subterráneas y los ríos.
Pero hay organizaciones ecologistas que alertan de que, además de las razones medioambientales, hay razones económicas para oponerse a la fractura hidráulica porque alrededor de la misma se está construyendo otra burbuja especulativa incrementando de forma desmesurada las reservas de gas susceptibles de ser explotadas con dicha técnica.
En la Unión Europea también hay preocupación por esta realidad. Francia y Bulgaria han prohibido el «fracking», mientras que Alemania, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y la República Checa aprobaron moratorias en su utilización.
Sin embargo, el Senado ha servido otra vez para satisfacer las demandas de los lobbies. Recientemente la aplastante mayoría del PP, valiéndose de una iniciativa de UPN y contando con el apoyo de CiU, aprobó una moción pidiendo al Gobierno que aproveche la tramitación del proyecto de ley de reforma de la regulación de los estudios de impacto ambiental para regular la fractura hidráulica como método para la extracción de gas.
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