Publicado en Fusion
Por Sam Stecklow
2 de septiembre de 2016
En 2012, la Asamblea General de
Pennsylvania aprobó una ley que contiene una disposición enterrada de
restricción a los médicos para revelar las informaciones que reciben de las
empresas de perforación en la pizarra de Marcellus . Un fallo transmitido el
miércoles por el Tribunal Supremo de Pensilvania acabó con un puñado de partes
de esa ley, incluyendo la "orden de mordaza médica", como los activistas
anti-fracking se refieren a ella, así como una disposición que permite a las
empresas de perforación privadas para el almacenamiento de gas natural en
propiedad privada bajo el dominio
eminente y otra donde no se requiere divulgar públicamente los derrames
peligrosos cerca de los pozos privados, de acuerdo con el Pittsburgh City Paper
.
"Los pacientes confían en
que su médico les esté diciendo la verdad, toda la verdad, y que su salud sea
la principal preocupación del médico," dijo el Rep. Dan Frankel del estado,
que ha patrocinado la legislación para derogar esta disposición de la Ley 13, en
sus declaraciones al Pittsburgh Post -Gazette . "Los pacientes no deben
preocuparse de que poder estar en el extremo receptor de un programa político
cuando van al médico. Y los médicos y las enfermeras no deberían tener que
elegir entre el cuidado de sus pacientes o seguir una ley que les habría obligado
a practicar mala medicina ".
Una demanda federal relativa a
la orden de silencio fue desestimada por dos tribunales donde dijeron que el
demandante, el Dr. Alfonso Rodríguez, no tenía capacidad legal para llevar el
caso.
El entonces gobernador de la
oficina Tom Corbett dijo en 2013 que no creía que la disposición prohibiría a los
médicos de hablar libremente a sus pacientes, pero muchos profesionales de la
salud entrevistados por los medios de comunicación dijeron que la
responsabilidad potencial que supone el lenguaje de la ley crea un riesgo
demasiado grande. La ley está escrita de tal manera, según Jerry Silberman, un
portavoz de la Asociación de Pennsylvania de Personal de Enfermeras y
Profesionales Afines, según declaró a IB Times, en 2012, que si un médico
sospecha que un paciente sufre de síntomas provocados por la fractura
hidráulica, el médico NO está legalmente autorizado para informar al paciente
de esas sospechas.
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