El
eurodiputado Miguel Arias Cañete. Pedro Puente Hoyos EFE
Publicado en El País
Por Marisa Recuero
27 de octubre de 2016
El
magistrado destaca "la actitud fraudulenta" de Arcadio Mateo.
"Es el director general quien puso en marcha un plan sistemático"
El principal acusado del caso Acuamed era la «persona de mayor confianza» del que fuera ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entre 2011 y 2014, Miguel Arias
Cañete, coincidiendo con los años en los que se investigan las irregularidades
en procesos de ejecución, contratación y liquidación de obras hidráulicas en la
cuenta mediterránea por parte de la empresa pública Acuamed.
Así lo apunta el juez Eloy
Velasco en un auto, [lea el auto en PDF] fechado el pasado martes, en el que
deja constancia de que los hechos investigados se hicieron «por y gracias,
principalmente, a la actitud fraudulenta de Arcadio Mateo [del Puerto, director
general de la empresa], persona de mayor confianza del entonces ministro», en
referencia al hoy eurodiputado Arias Cañete.
El titular del Juzgado Central
de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, instructor del caso, reconoce
que «puede ser cierto que fallaron controles» en el proceso de adjudicación de
los contratos, pero responsabiliza de ello a Del Puerto, archivando la causa,
de manera provisional, contra el que fuera subsecretario del Ministerio de la
Presidencia y número tres de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos deArmas.
Del mismo modo, Velasco archiva
también la causa contra la que fuera directora general de Aguas, Liana Ardiles,
alegando que «la negligencia por falta de control no es título imputativo de
naturaleza penal». El juez considera que «de lo investigado hasta la fecha se
deduce que en el caso de ambos» [Ramos de Armas y Ardiles] no se ha podido constatar,
«por ahora», una actuación que conlleve responsabilidades penales y «no existen
motivos suficientes» para atribuirles los hechos que se le imputan.
El procedimiento abierto en la
Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal,
fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias por
los contratos concedidos por la empresa Acuamed. El juez instructor considera
que «era el director general quien puso en marcha un plan sistemático para
cerciorarse de que las adjudicaciones quedaran a merced de su voluntad».
«Es Arcadio Mateo quien urde
los ceses y la sustitución» de algunos técnicos, «mediante presiones y
actitudes cuestionables», para «conseguir subordinados más dóciles y plegados a
sus designios», según argumenta el juez Velasco. El instructor justifica así el
hecho de que mantenga la imputación contra el director general y archive la investigación
respecto a Ramos de Armas y Ardiles. «Es él quien actúa con el dolo exigible
para continuar su imputación», alega el magistrado.
El ex número tres de Sáenz de
Santamaría, que dimitió tras destaparse este caso, y la directora de Aguas no
tenían «reales funciones ejecutivas» en la empresa pública, en palabras del
juez, ni «contacto directo con los expedientes o los contratistas específicos
de las diferentes obras» que realizó Acuamed. Velasco desvincula a ambos
acusados de la gestión diaria de esta sociedad, cuya intervención en la misma
califica de «residual, episódica y no estratégica».
Es más, descarta una relación
de ambos con los ceses de los técnicos que no se plegaban «a ciertos designios
irregulares» en contra de los intereses y el dinero público. Para el
magistrado, esos ceses sólo fueron «obra del director general» de Acuamed,
Arcadio Mateo del Puerto.
En cuanto a las reuniones y
correos electrónicos que constan en el sumario vinculando a los acusados con la
empresa FCC, el juez Velasco considera que las declaraciones de los dos
imputados sobre los que archivó la causa «parecen suficientemente
convincentes». Ramos de Armas y Ardiles aseguraron al magistrado que esos
encuentros se produjeron para desbloquear la situación en la que se encontraban
algunas obras. El juez aceptó las declaraciones, pero reconoce que «el error»
fue dejar el desbloqueo «en manos de Arcadio Matero, que no perseguía ese fin».
En relación a los correos
electrónicos, «no hablan de irregularidades, sino de la intención de enfrentar
el problema planteado», siendo el director general de Acuamed el que dio «la
solución» final y dio curso «a las actuaciones delictivas investigadas», alega
el juez Velasco.
La aparición de Ardiles en uno
de esos correos «indica sólo la voluntad de acabar con un problema, no el
hacerlo irregularmente», considera el magistrado, que deja claro que Ramos de
Armas y la directora general no «lideraron» las reuniones con FCC para resolver
problemas con determinados expedientes «ante la premura de no perder fondos de
la Unión Europea»...
Para acceder a la noticia COMPLETA,
No hay comentarios:
Publicar un comentario