jueves, 27 de octubre de 2016

El juez resalta la "confianza" entre Cañete y el jefe de Acuamed


El eurodiputado Miguel Arias Cañete. Pedro Puente Hoyos EFE


Publicado en El País
Por Marisa Recuero
27 de octubre de 2016



El magistrado destaca "la actitud fraudulenta" de Arcadio Mateo. "Es el director general quien puso en marcha un plan sistemático"


El principal acusado del caso Acuamed era la «persona de mayor confianza» del que fuera ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entre 2011 y 2014, Miguel Arias Cañete, coincidiendo con los años en los que se investigan las irregularidades en procesos de ejecución, contratación y liquidación de obras hidráulicas en la cuenta mediterránea por parte de la empresa pública Acuamed.

Así lo apunta el juez Eloy Velasco en un auto, [lea el auto en PDF] fechado el pasado martes, en el que deja constancia de que los hechos investigados se hicieron «por y gracias, principalmente, a la actitud fraudulenta de Arcadio Mateo [del Puerto, director general de la empresa], persona de mayor confianza del entonces ministro», en referencia al hoy eurodiputado Arias Cañete.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, instructor del caso, reconoce que «puede ser cierto que fallaron controles» en el proceso de adjudicación de los contratos, pero responsabiliza de ello a Del Puerto, archivando la causa, de manera provisional, contra el que fuera subsecretario del Ministerio de la Presidencia y número tres de Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos deArmas.

Del mismo modo, Velasco archiva también la causa contra la que fuera directora general de Aguas, Liana Ardiles, alegando que «la negligencia por falta de control no es título imputativo de naturaleza penal». El juez considera que «de lo investigado hasta la fecha se deduce que en el caso de ambos» [Ramos de Armas y Ardiles] no se ha podido constatar, «por ahora», una actuación que conlleve responsabilidades penales y «no existen motivos suficientes» para atribuirles los hechos que se le imputan.

El procedimiento abierto en la Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias por los contratos concedidos por la empresa Acuamed. El juez instructor considera que «era el director general quien puso en marcha un plan sistemático para cerciorarse de que las adjudicaciones quedaran a merced de su voluntad».

«Es Arcadio Mateo quien urde los ceses y la sustitución» de algunos técnicos, «mediante presiones y actitudes cuestionables», para «conseguir subordinados más dóciles y plegados a sus designios», según argumenta el juez Velasco. El instructor justifica así el hecho de que mantenga la imputación contra el director general y archive la investigación respecto a Ramos de Armas y Ardiles. «Es él quien actúa con el dolo exigible para continuar su imputación», alega el magistrado.

El ex número tres de Sáenz de Santamaría, que dimitió tras destaparse este caso, y la directora de Aguas no tenían «reales funciones ejecutivas» en la empresa pública, en palabras del juez, ni «contacto directo con los expedientes o los contratistas específicos de las diferentes obras» que realizó Acuamed. Velasco desvincula a ambos acusados de la gestión diaria de esta sociedad, cuya intervención en la misma califica de «residual, episódica y no estratégica».

Es más, descarta una relación de ambos con los ceses de los técnicos que no se plegaban «a ciertos designios irregulares» en contra de los intereses y el dinero público. Para el magistrado, esos ceses sólo fueron «obra del director general» de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto.

En cuanto a las reuniones y correos electrónicos que constan en el sumario vinculando a los acusados con la empresa FCC, el juez Velasco considera que las declaraciones de los dos imputados sobre los que archivó la causa «parecen suficientemente convincentes». Ramos de Armas y Ardiles aseguraron al magistrado que esos encuentros se produjeron para desbloquear la situación en la que se encontraban algunas obras. El juez aceptó las declaraciones, pero reconoce que «el error» fue dejar el desbloqueo «en manos de Arcadio Matero, que no perseguía ese fin».

En relación a los correos electrónicos, «no hablan de irregularidades, sino de la intención de enfrentar el problema planteado», siendo el director general de Acuamed el que dio «la solución» final y dio curso «a las actuaciones delictivas investigadas», alega el juez Velasco.

La aparición de Ardiles en uno de esos correos «indica sólo la voluntad de acabar con un problema, no el hacerlo irregularmente», considera el magistrado, que deja claro que Ramos de Armas y la directora general no «lideraron» las reuniones con FCC para resolver problemas con determinados expedientes «ante la premura de no perder fondos de la Unión Europea»...




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