martes, 11 de agosto de 2015

Ingeniería legal contra el ‘fracking’







Publicado en Noticias de Álava
Por Txus Díez
9 de agosto de 2015


A veces es mejor sentarse a pensar bien las cosas, y observar, antes de actuar sólo con el corazón y acabar metiendo la pata. En Euskadi ha ocurrido esto en lo relativo al fracking, no porque los actores políticos lo hayan querido así, sino porque las circunstancias lo han dictado de esa manera. Mientras los gobiernos de Cantabria y La Rioja prohibían el fracking en respuesta a la fuerte contestación de su mundo rural, y la oposición navarra hacía lo propio ante la impotencia de Yolanda Barcina, en Euskadi se desarrollaba un intenso tira y afloja que no hacía sino retrasar las decisiones con respecto a la fractura hidráulica. 

También en la CAV se quería hacer algo similar, un veto genérico, pero el nuevo Gobierno Vasco del PNV alertaba de que una prohibición total al fracking acabaría en los tribunales con una sentencia favorable al Gobierno central del PP, firme partidario de pulverizar la roca del subsuelo alavés para extraer gas natural. La cuestión estaba bloqueada. 

Fue el propio PNV quien gestó los primeros pasos de la llegada del fracking a Euskadi, y fue el PSE, con Patxi López de lehendakari, el que reveló a la sociedad el advenimiento de una técnica entonces desconocida por estos lares, y adornada por el gobierno socialista con la mejor de las previsiones. Euskadi, dijeron, tendría gas para 60 años. 

Desde el mismo día en que el lehendakari se hizo la ya histórica foto en Texas surgió una férrea oposición social al proyecto. Las elecciones dejaron al PSE fuera de Ajuria Enea y llegó un PNV que no decía ni que sí ni que no, que todo habría de pasar por la salvaguarda del medio ambiente, aunque en Álava la opinión de los jeltzales era bastante más beligerante contra una práctica que ahora mismo es uno de los motores de la política a nivel mundial. 

Antes, la plataforma Fracking Ez Araba había tratado de introducir el debate en el Parlamento, pero diversas trabas relacionadas con el Reglamento de la Cámara se lo impidieron, unos obstáculos que, sin que fuera ese su objetivo, fueron cruciales para el veto de facto al fracking que desde el pasado 10 de julio rige en Euskadi. La iniciativa salió adelante con el apoyo de EH Bildu, PSE y PP y la abstención de UPyD y PNV, partidario de una moratoria de cinco años. 

Para cuando la Iniciativa Legislativa Popular volvió al Parlamento, con el aval de más de 100.000 firmas ciudadanas, y se empezó a discutir sobre la misma, el Tribunal Constitucional había tumbado los vetos genéricos de Cantabria, La Rioja y Navarra, pero daba vía libre a la fórmula adoptada por Cataluña. La Generalitat salvó el conflicto de competencias modificando sus propias leyes para hacer imposible en la práctica la fractura hidráulica, pero sin prohibirla. Euskadi se miró en ese espejo y nació un texto legal que modifica la Ley del Suelo para impedir la utilización de esa técnica en suelo no urbanizable, y que cambia también la Ley de Aguas para no permitir la fractura hidráulica en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta. El proyecto Enara, la punta de lanza del fracking en Euskadi, se topaba en su camino hacia el gas con el acuífero de Subijana. 

De hecho, la salvaguarda de esta vital reserva de agua subterránea ha sido la principal preocupación de los opositores al fracking. En principio, las tuberías por las que ha de subir el gas a la superficie llevan dobles y hasta triples revestimientos que deberían evitar filtraciones de agua contaminada, pero la mejora de la tecnología no tranquilizaba a ecologistas y agricultores. Por otro lado, la Agencia Vasca del Agua, URA, suprimió la restricción al fracking en el entorno de los humedales de Salburua en mayo de 2014, una salvaguarda que se restableció en septiembre de ese mismo año ante la reacción de los técnicos municipales y los grupos políticos del Ayuntamiento vitoriano. En esa zona 4 del perímetro de protección de las balsas de Arkaute y Betoño, concretamente cerca de Matauko, es donde se prevé levantar el pozo Enara 5 del proyecto del Gobierno Vasco para extraer gas natural mediante la técnica del fracking

Además, la nueva Ley establece la exigencia de una evaluación de impacto medioambiental estratégica y no pozo a pozo, una reclamación que desde el primer momento defendieron los opositores al fracking como garantía de protección del medio ambiente. Cuanto más gas haya bajo el suelo, más sondeos habrá que abrir, y según las primeras estimaciones realizadas, la cifra podría superar las 2.000. 

Por otra parte, la prohibición de practicar el fracking en zonas no urbanas blinda además los Montes de Vitoria, un espacio que iba a ser declarado Parque Natural hasta que el Gobierno Vasco renunció a esta figura apelando a la controversia que había despertado entre los pequeños pueblos cercanos a la cadena montañosa. ACOVI, la asociación de concejos del municipio de Vitoria, criticó duramente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales establecido para el futuro parque, aunque se trataba de un borrador. El Ayuntamiento de Vitoria, partidario del Parque Natural, propuso modificar este documento para permitir los usos del monte y agropecuarios tradicionales en la zona, pero el Ejecutivo de Iñigo Urkullu renunció a aplicar esta figura y limitó la protección a la zona más oriental y elevada de la cordillera. 

Ahora, sin embargo, el Gobierno español ha reaccionado ante el movimiento del Parlamento Vasco anunciando un nuevo recurso ante el Constitucional, al entender que aunque no haya una prohibición expresa del fracking a nivel general, ésta se va instaurar de facto. Así, a día de hoy la situación es de incertidumbre. El Gobierno Vasco está obligado a defender una Ley en la que no cree, la decisión última ha quedado en manos de los jueces, y mientras tanto los proyectos en Euskadi se encuentran paralizados. 

En todo caso, desde el Gobierno Vasco siempre se ha defendido que para saber exactamente cuánto gas hay es necesario realizar sondeos exploratorios, los que estaba previsto perforar junto a la localidad de Subijana. La cuestión es que, tanto si los pozos son exploratorios como si se dedican a la explotación, los riesgos sobre el medio ambiente son exactamente los mismos.

La nueva Ley. El texto legal aprobado en Euskadi sigue la estela del que salió adelante en Cataluña, que en lugar de establecer una prohibición expresa y genérica del ‘fracking’ opta por vetos concretos (en zonas no urbanizables, o donde haya acuíferos). De esa forma se pretende evitar un conflicto de competencias con el Estado como el que ha inhabilitado las leyes de Cantabria, La Rioja o de Navarra. La Ley vasca salió adelante con los votos de EH Bildu, PSE y PP, y la abstención de UPyD y PNV.



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