Publicado en Noticias
de Álava
Por Txus Díez
9 de agosto de 2015
A veces
es mejor sentarse a pensar bien las cosas, y observar, antes de actuar sólo con
el corazón y acabar metiendo la pata. En Euskadi ha ocurrido esto en lo
relativo al fracking, no porque los
actores políticos lo hayan querido así, sino porque las circunstancias lo han
dictado de esa manera. Mientras los gobiernos de Cantabria y La Rioja prohibían
el fracking en respuesta a la fuerte
contestación de su mundo rural, y la oposición navarra hacía lo propio ante la
impotencia de Yolanda Barcina, en Euskadi se desarrollaba un intenso tira y
afloja que no hacía sino retrasar las decisiones con respecto a la fractura
hidráulica.
También
en la CAV se quería hacer algo similar, un veto genérico, pero el nuevo
Gobierno Vasco del PNV alertaba de que una prohibición total al fracking acabaría en los tribunales con
una sentencia favorable al Gobierno central del PP, firme partidario de
pulverizar la roca del subsuelo alavés para extraer gas natural. La cuestión
estaba bloqueada.
Fue
el propio PNV quien gestó los primeros pasos de la llegada del fracking a Euskadi, y fue el PSE, con
Patxi López de lehendakari, el que reveló a la sociedad el advenimiento de una
técnica entonces desconocida por estos lares, y adornada por el gobierno
socialista con la mejor de las previsiones. Euskadi, dijeron, tendría gas para
60 años.
Desde
el mismo día en que el lehendakari se hizo la ya histórica foto en Texas surgió
una férrea oposición social al proyecto. Las elecciones dejaron al PSE fuera de
Ajuria Enea y llegó un PNV que no decía ni que sí ni que no, que todo habría de
pasar por la salvaguarda del medio ambiente, aunque en Álava la opinión de los
jeltzales era bastante más beligerante contra una práctica que ahora mismo es
uno de los motores de la política a nivel mundial.
Antes,
la plataforma Fracking Ez Araba había tratado de introducir el debate en el
Parlamento, pero diversas trabas relacionadas con el Reglamento de la Cámara se
lo impidieron, unos obstáculos que, sin que fuera ese su objetivo, fueron
cruciales para el veto de facto al fracking
que desde el pasado 10 de julio rige en Euskadi. La iniciativa salió adelante
con el apoyo de EH Bildu, PSE y PP y la abstención de UPyD y PNV, partidario de
una moratoria de cinco años.
Para
cuando la Iniciativa Legislativa Popular volvió al Parlamento, con el aval de
más de 100.000 firmas ciudadanas, y se empezó a discutir sobre la misma, el
Tribunal Constitucional había tumbado los vetos genéricos de Cantabria, La
Rioja y Navarra, pero daba vía libre a la fórmula adoptada por Cataluña. La
Generalitat salvó el conflicto de competencias modificando sus propias leyes
para hacer imposible en la práctica la fractura hidráulica, pero sin
prohibirla. Euskadi se miró en ese espejo y nació un texto legal que modifica
la Ley del Suelo para impedir la utilización de esa técnica en suelo no
urbanizable, y que cambia también la Ley de Aguas para no permitir la fractura
hidráulica en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta. El
proyecto Enara, la punta de lanza del fracking
en Euskadi, se topaba en su camino hacia el gas con el acuífero de Subijana.
De
hecho, la salvaguarda de esta vital reserva de agua subterránea ha sido la
principal preocupación de los opositores al fracking.
En principio, las tuberías por las que ha de subir el gas a la superficie llevan
dobles y hasta triples revestimientos que deberían evitar filtraciones de agua
contaminada, pero la mejora de la tecnología no tranquilizaba a ecologistas y
agricultores. Por otro lado, la Agencia Vasca del Agua, URA, suprimió la
restricción al fracking en el
entorno de los humedales de Salburua en mayo de 2014, una salvaguarda que se
restableció en septiembre de ese mismo año ante la reacción de los técnicos
municipales y los grupos políticos del Ayuntamiento vitoriano. En esa zona 4
del perímetro de protección de las balsas de Arkaute y Betoño, concretamente
cerca de Matauko, es donde se prevé levantar el pozo Enara 5 del proyecto del
Gobierno Vasco para extraer gas natural mediante la técnica del fracking.
Además,
la nueva Ley establece la exigencia de una evaluación de impacto medioambiental
estratégica y no pozo a pozo, una reclamación que desde el primer momento
defendieron los opositores al fracking
como garantía de protección del medio ambiente. Cuanto más gas haya bajo el
suelo, más sondeos habrá que abrir, y según las primeras estimaciones
realizadas, la cifra podría superar las 2.000.
Por
otra parte, la prohibición de practicar el fracking
en zonas no urbanas blinda además los Montes de Vitoria, un espacio que iba a
ser declarado Parque Natural hasta que el Gobierno Vasco renunció a esta figura
apelando a la controversia que había despertado entre los pequeños pueblos
cercanos a la cadena montañosa. ACOVI, la asociación de concejos del municipio
de Vitoria, criticó duramente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales
establecido para el futuro parque, aunque se trataba de un borrador. El
Ayuntamiento de Vitoria, partidario del Parque Natural, propuso modificar este
documento para permitir los usos del monte y agropecuarios tradicionales en la zona,
pero el Ejecutivo de Iñigo Urkullu renunció a aplicar esta figura y limitó la
protección a la zona más oriental y elevada de la cordillera.
Ahora,
sin embargo, el Gobierno español ha reaccionado ante el movimiento del
Parlamento Vasco anunciando un nuevo recurso ante el Constitucional, al
entender que aunque no haya una prohibición expresa del fracking a nivel general, ésta se va
instaurar de facto. Así, a día de hoy la situación es de incertidumbre. El
Gobierno Vasco está obligado a defender una Ley en la que no cree, la decisión
última ha quedado en manos de los jueces, y mientras tanto los proyectos en
Euskadi se encuentran paralizados.
En
todo caso, desde el Gobierno Vasco siempre se ha defendido que para saber
exactamente cuánto gas hay es necesario realizar sondeos exploratorios, los que
estaba previsto perforar junto a la localidad de Subijana. La cuestión es que,
tanto si los pozos son exploratorios como si se dedican a la explotación, los
riesgos sobre el medio ambiente son exactamente los mismos.
La
nueva Ley. El texto legal aprobado en Euskadi sigue la estela del que salió
adelante en Cataluña, que en lugar de establecer una prohibición expresa y
genérica del ‘fracking’ opta por vetos concretos (en zonas no urbanizables, o
donde haya acuíferos). De esa forma se pretende evitar un conflicto de
competencias con el Estado como el que ha inhabilitado las leyes de Cantabria,
La Rioja o de Navarra. La Ley vasca salió adelante con los votos de EH Bildu,
PSE y PP, y la abstención de UPyD y PNV.
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