Publicado en Deutsche Welle
Edición en español para América Latina
23 de abril de 2015
La
polémica por el gas de esquisto mediante fracking está en el aire. Las palabras
claves son emisiones, agua, cambio climático, independencia energética. La Comisión
Europea y Eurolat se pronuncian pronto al respecto.
En
el panorama de la extracción de gas de los yacimientos de esquisto, el intenso
uso del agua y su repercusión en el entorno natural y las poblaciones son el
ángulo del análisis de dos informes y un documental presentados esta semana en
una conferencia en el Parlamento Europeo. Ante la perspectiva de que más países
europeos y latinoamericanos opten por el fracking, el tema está en el aire.
Antecedentes
europeos
Esta
controvertida técnica –que fractura la roca con alto uso de químicos y agua y
con emisiones de gas metano- fue el tema de 16 recomendaciones (no vinculantes)
a los países de la Unión Europea en enero de 2014. 18 meses tienen los Estados
miembros de la UE para implementarlas.
Especial
atención merece la que prevé la realización previa de estudios de referencia
sobre el impacto en el flujo de las aguas superficiales y subterráneas.
Hasta
ahora, según informa a DW Antoine Simon, de Friends of the Earth Europe, los
países europeos han hecho de ellas una lectura muy individual.
“Polonia
ha decidido que sólo para las perforaciones a más de 5000 metros de profundidad
debe hacer un estudio de impacto preliminar”, dice Antoine. Según informa la
plataforma europea Ecologistas en Acción esto se debió a que empresas
extractivas presionan por una relajación legislativa.
Oportunidades
y desafíos
Cabe
resaltar que, reconociendo el derecho a los Estados a determinar las
condiciones de explotación de sus recursos energéticos, la primera de las
recomendaciones europeas condiciona la explotación a “preservar, proteger y
mejorar la calidad del medio ambiente”.
La
extracción de las reservas de este recurso abre perspectivas económicas y
energéticas codiciadas. Para muchos países europeos donde se han detectado
yacimientos representaría una holgura energética considerable.
Pero
los datos hablan en contra de su bondad ambiental: por cada fracturación se
usan 23 millones de litros de agua mensualmente. Entre un 90 y un 95% de esta
agua no puede ser reutilizada. Dado que los yacimientos se encuentran en zonas
donde el recurso agua no abunda, “el estrés hídrico va de la mano con la
extracción de este hidrocarburo no convencional”, explicaTianyi Luo,
especialista del World Resources Institute (WRI).
Argentina,
un ejemplo
El
informe de WRI pinta entre amarillo pálido y rojo intenso el estrés hídrico.En
América Latina amarillo tiene Colombia, naranja muy intenso Paraguay, rojo
intenso México, naranja Argentina.
“Hay
que tener en cuenta los verdaderos costos del fracking”, explica a DW Juliette
Renaud, productora del documental Fracking Patagonia, basado en la
extracción del gran yacimiento de Vaca Muerta.
“Las
comunidades no son consultadas, su territorio es destruido; la contaminación
del agua y del suelo impacta su salud y sus actividades productivas
tradicionales. Europa debe aprender del caso de Argentina y no dejar que las
empresas capturen el poder político para hacer las leyes a su favor y no a
favor del interés público”.
Algunas
opiniones
“Pertenece
al pasado y deberíamos prohibirla”, opina Ignazio Corrao, europarlamentario
italiano del Movimiento Cinco Estrellas. “En las energías renovables deberíamos
concentrar nuestros esfuerzos”, recalca Molly Scott Catto, europarlamentaria
inglesa de la bancada ecologista.
“La
extracción masiva de este gas y petróleo de esquisto alejaría definitivamente a
Europa de su objetivo de haber logrado reemplazar hasta 2050 entre un 80% y 90%
de energías fósiles”, recuerda Jude Kirton-Darling, europarlamentaria inglesa
de la bancada socialista y también miembro de la Asamblea Eurolat.
En
su opinión, tanto Europa como los países América Latina y el Caribe* deberían
optar por una moratoria general hasta que no haya un marco legal vinculante que
regule oportunidades y desafíos del gas de esquisto.
*para
agosto se espera un informe de la Comisión Europea evaluando si se cumplen las
recomendaciones; en junio la Asamblea Birregional Eurolat aprueba una
resolución no legislativa
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