Con prisas para no esperar la nueva Ley Ambiental propuesta por el Parlamento europeo.
La Ley de Evaluación Ambiental ha superado hoy su primer examen en el Congreso tras rechazarse, con el voto del PP y la abstención de UPyD, las enmiendas a la totalidad del texto, que, entre otros aspectos, controlará el impacto del "fracking" y que ha sido criticado por la oposición por exprés y "mercantilista".
En el pleno de hoy se han votado las peticiones de devolución presentadas por siete formaciones: PSOE, Izquierda Plural, CiU, Compromís, BNG, Esquerra Republicana y Amaiur.
Todos ellos han solicitado, sin éxito, que se devolviera el texto por la "urgencia" de su tramitación, la "temeridad" en los recortes competenciales y porque una próxima directiva europea sobre el tema "obligará" a cambiar la ley en breve.
En defensa de la iniciativa, el ministro de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que la norma responde al compromiso del Gobierno de afrontar "una profunda reforma" de la legislación ambiental.
El proyecto, que según Cañete persigue reforzar la protección ambiental, simplificar y agilizar los procedimientos y homogeneizar la legislación en todo el territorio nacional, controlará, ente otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica o fracking.
La norma que regula el análisis de viabilidad de un proyecto de acuerdo a sus impactos ambientales reducirá los plazos de tramitación de expedientes a entre 4 y 6 meses de duración, frente a los 3 y 4 años de media de la actualidad.
Este ha sido unos de los puntos más criticados por la oposición y así Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha expresado que se trata de una "desregulación", mientras que el diputado socialista José Luis Ábalos ha considerado que supondrá una "verdadera amnistía" para empresas que actualmente no logran superar la evaluación ambiental.
Entre las novedades de la futura ley destaca la inclusión de las actividades de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, una técnica que se utiliza para extraer gas natural mediante la inyección de agua y un cóctel de productos químicos, que sus detractores denuncian por apreciar riesgos para la salud y el medio ambiente.
Otra novedad de la ley es que integra el estudio de los efectos de los proyectos sobre el cambio climático, y crea un nuevo instrumento llamado "bancos de conservación de la naturaleza" para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de los valores naturales.
También para las principales organizaciones ecologistas de ámbito nacional este proyecto pone en peligro el "sistema inmunitario" del medio ambiente en España, ya que consideran que se rebaja la capacidad de control de las actividades dañinas con la naturaleza.
Las ONG han coincidido con los grupos de la oposición en manifestar su desagrado por la inclusión de los "bancos de conservación de la naturaleza", porque opinan que permitirá compensar y restaurar afecciones ambientales en un lugar distinto al que se producen.
Lo sucedido con los terremotos de las últimas semanas en la costa del golfo de Valencia y su relación con el proyecto Castor de almacenamiento de gas ha estado muy presente durante el debate y para el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, lo ocurrido ha sido fruto de una evaluación ambiental insuficiente.
El proyecto de ley de Evaluación Ambiental, que hoy inicia su andadura parlamentaria, introduce modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Se trata, según el ministro Arias Cañete, de garantizar que las actividades que generan riesgos en los espacios naturales protegidos y en la Red Natura 2000 se puedan sancionar.
Además, ha añadido, se tipifican expresamente infracciones como el "bunkering", mediante el fondeo permanente de buques-tanque o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos.
"Son precisamente estas modificaciones las que han justificado que el Gobierno solicite la tramitación por el procedimiento de urgencia de este proyecto de ley", ha asegurado el ministro.
Madrid, 10 oct (EFE).
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