Pues sí, parece que el ministro Soria va a pedir amparo al Tribunal Supremo para que declare como lesiva una cláusula que a la vez instauró el propio gobierno. Viene a cuento de ver quien paga los 1700 mill € que ha costado el proyecto. No sabemos si la Justicia para ayudarle a la vez tendrá que denunciarle. Y es que, lo que no se puede pretender con legislaciones laxas y controles relajados es obtener resultados exigentes.
Es posible que el depósito Castor acabe en el otro depósito, el de cadáveres, donde se encuentran los edificios vacíos, los aeropuertos sin aviones y las carreteras a ninguna parte. Tendremos que creer aquella frase de "Spain is different", si no a ver como se explica que lo que resulta ligero para los dirigentes siempre termine siendo pesado para los contribuyentes.
Pero, atentos, que para relajo la nueva Ley de Evaluación Ambiental. Sin duda, dará que hablar.
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