Publicado en el diario.es
Por Rodolfo Rieznik/Economistas
sin Fronteras
27 de marzo de 2015
Diecisiete años de
fracaso de la liberalización del mercado eléctrico hacen insostenible el futuro
del sector
Un servicio eléctrico
para los ciudadanos pasa por una recuperación de competencias por parte del
Estado
Cuando
el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996, tardó apenas un año en
liberalizar por completo el sector eléctrico. Se justificó el cambio en la
falta de competitividad en precios del sector, en la necesidad de hacerlo más
confiable técnicamente, más seguro en materia de suministro y más universal.
Para la consecución de esos objetivos la participación pública empresarial ya
no era necesaria, y menos aún la planificación; sólo se debía regular la libre
competencia. El mercado con los mecanismos propios daría las señales
correspondientes y completaría el ajuste y la tarea en el mediano plazo. En
términos modernos, se acabaría desarrollando un modelo de sistema eléctrico
sostenible, moderno tecnológicamente y accesible para la economía productiva y
el bienestar de los ciudadanos.
En
aquel año de 1997 el mercado eléctrico (demanda eléctrica global de ese año por
el precio promedio) suponía unos 11,6 mil millones euros. Seis* empresas
se repartían el comercio eléctrico en España, un 2% del PIB de entonces. Se
consideraba al sector esencial, necesario y básico para el progreso de la
actividad económica. Estaba sujeto a la planificación indicativa en el entorno
de un Marco Estable, fundamentalmente de precios, para permitir concretar las
instalaciones de generación y distribución que el crecimiento de la demanda
exigía. Era un intercambio de responsabilidades mutuas: el sector invertía y el
Gobierno se comprometía a reconocer a las empresas una rentabilidad mínima, vía
tarifas eléctricas, para garantizar que se hicieran.
Transcurridos
más de diecisiete años de la liquidación del Marco Legal y Estable**, la cifra
del negocio eléctrico se multiplicó por 2,7. Pasó de los 11.600 millones de
euros a los 24.600 mil millones en 2012. Aumentó un 140%. En relación al PIB su
peso creció hasta el 2,7%. En ese mismo período, el consumo aumentó en un 50%,
el precio y la inflación lo hicieron un 65% y un 50% respectivamente. ¿Qué explica
esa diferencia de aumento de la facturación del negocio eléctrico español
respecto al resto de las variables? La respuesta es que la subida de precios
fue muy superior al 65% indicado por la estadística y que ésta no lo refleja
porque se oculta en el pago diferido a quince años del llamado déficit de
tarifa originado en la diferencia entre el pecio del mercado y los precios
máximos autorizados por el Gobierno.
Ese
déficit acumulado de más 30 mil millones lo vienen pagando los ciudadanos
españoles casi desde el mismo día de la liberalización y se explica, entre
otras razones, porque las tarifas tampoco bajarán en el futuro inmediato aun
cuando sí lo haga la factura de combustibles para la generación eléctrica. Se
calcula que en 2015, por la caída del precio del petróleo, se ahorrará en
España un 1,6% del PIB, en torno a los 15.000 millones de euros. Por el
contrario, el enorme incremento del negocio eléctrico sí se consumó al
autorizar el Gobierno a titulizar y garantizar la deuda acumulada. Las empresas
eléctricas pudieron hacerla efectiva intercambiando los títulos/bonos por
dinero líquido con los bancos.
Lo
cierto es que el mercado eléctrico ha tenido el resultado contrario al
propuesto en precios. No tuvo éxito porque no funcionó en régimen de mercado
competitivo sino de oligopolio, casi duopolio. Endesa e Iberdrola controlaron,
y lo siguen haciendo mayoritariamente, la producción y la distribución
eléctrica y los precios que se ofertaban en el llamado pool de la electricidad.
La
proliferación en los últimos años de empresas comercializadoras no cambió el
panorama. Utilizan la infraestructura del oligopolio, pero no son determinantes
en la fijación del precio de la electricidad para el consumidor. Tampoco tuvo
éxito la introducción de agentes financieros en las subastas eléctricas.
Sumaron más a la especulación que a la liquidez, como se pretendía.
La
tarifa eléctrica dependió sustancialmente del precio variable de las subastas
diarias controladas por las centrales de generación de las empresas del monopolio.
El, de facto, cártel de las tres empresas dominantes***, operó
especulativamente en el pool o mercado de subastas de la electricidad, logrando
altos precios al introducir las energías provenientes de las centrales más
caras en el margen de conformación de la curva de oferta y demanda diaria del
mercado eléctrico mayorista. Como se remunera a todos los que despachan energía
al precio de coste de generación de la última unidad en ser aceptada, toda la
cadena de producción eléctrica se beneficiaba de los altos precios. Una central
hidráulica, cuyo coste variable de generación es casi cero, se remuneraba al
precio de una central de carbón, petróleo o gas****.
Los
consumidores, en particular los residenciales, las familias y ciudadanos de
manera individual, no tienen cómo influir en la formación de los precios del
mal llamado mercado eléctrico. Para éstos, la demanda de servicio eléctrico es
inelástica. La pobreza energética, que afecta a un 9% de las familias españolas
no es el resultado de la caída de la demanda sino de cortes de suministro por
impagos de los consumidores originados en la caída de salarios y rentas.
Tampoco
la apertura, la liberalización y la desregulación lograron estándares de
eficiencia tecnológica ni de seguridad energética.
Las
empresas invirtieron en ciclos combinados de gas (y vapor) para ganar
eficiencia en el consumo de combustible primarios. El abandono de la
planificación sectorial, la caída de la demanda por la crisis y la innovación
productiva, el auge de las energías renovables, el precio del gas, etc. han
llevado a parar las centrales de ciclo combinado. Incluso a los pocos años de
funcionamiento y con una vida útil calculada de 20 o más años, las eléctricas
se plantean ahora desmantelarlas cuando aún están recuperando los ingresos
garantizados. El control de las empresas dominantes de los mecanismos de
mercado, permitía el despacho primero de la energía nuclear e hidráulica, antes
de hacer entrar a las térmicas de gas o carbón que son muchos más caras en
costes. En realidad ajustaban la oferta para vender esa energía en el último
momento y recuperar para toda la oferta eléctrica las tarifas más altas.
Incluso recibieron autorización para dilatar la vida útil de las centrales
nucleares y además prolongar pagos de su amortización.
Tarifas
extraordinariamente bonificadas permitieron la expansión rápida de la energía
eólica y solar, cubriendo porcentajes cada vez más importantes de la demanda de
electricidad. En los últimos años hubo jornadas nocturnas en las que la carga
eléctrica se cubrió al 50% con energías renovables. Evidentemente un estímulo
de estas características se explicaba muy bien en el marco de una apuesta
medioambiental integral, pero muy mal en un mercado monopólico que estuvo
promoviendo inversiones con tecnologías no renovables.
Por
último, tampoco se concretaron las interconexiones energéticas que podrían
haber reducido la dependencia de España a las fuentes de energías primarias y
que abastecen en un 75% el parque de generación española. Las inversiones
en almacenamiento e interconexiones de gas***** promovidas por
las centrales de ciclo combinado han quedado ociosas en relación a las
necesidades. La falta de interconexiones con el resto de Europa no permite
rentabilizarlas. En suma, el mercado eléctrico, en este aspecto también,
desordenó y despilfarró recursos financieros encadenando inversiones de
arrastre que hoy se encuentran excedentarias.
El
modelo de apertura indiscriminada del mercado eléctrico ha fracasado, es un
conjunto de despropósitos. No es eficiente en precios, no promueve tecnologías
ajustadas a la demanda, es medioambientalmente cuestionable, no promueve la
seguridad energética de suministro, genera pobreza energética y no asegura en
el largo plazo ni la calidad ni la confiabilidad. Es decir, estamos ante un
modelo no sostenible en el mediano plazo, exactamente al revés de lo que se
dijo en el momento de liberalizar el sector.
El
Estado debe reconsiderar el tratamiento del servicio eléctrico para conseguir
todos los objetivos en los que el mercado eléctrico ha fracasado. La energía en
general, y la electricidad en particular, es un problema de Estado, de derechos
de los ciudadanos y es obligación de los gobiernos ejecutar políticas que
conduzcan a ello de forma sostenible con el interés general.
Este
artículo refleja la opinión y es responsabilidad de su autor.
[*] Endesa,
Fecsa, Hidroeléctrica del Cantábrico, Iberdrola, Sevillana y Unión Fenosa
[**] Fue
el nombre con que se conoció el marco regulatorio con el que funcionó el sector
eléctrico entre los años 1988 -97
[***] Endesa,
Iberdrola y Gas Natural
[****] La
curva de oferta se constituye de acuerdo a las cantidades y precios de energía
eléctrica ofertada y la curva de demanda sobre la base de las cantidades y
precios demandados por los distribuidores. Ambas curvas van en sentido opuesto.
La de oferta es creciente según el precio y la demanda lo contrario.
Cuando se cruzan, ahí está el precio de equilibrio. Los generadores reciben el
precio de la última unidad, central que establece el precio de equilibrio, aún
cuando el precio de las primeras en ofertar lógicamente fuese menor.
[*****] Siete
Regasificadoras en la península y dos gasoductos: uno con Argelia y otro con
Marruecos.
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