martes, 29 de septiembre de 2015

Castilla-La Mancha inicia su batalla legislativa contra el ‘fracking’


Gobierno de Castilla-La Mancha con plataformas antifracking





Publicado en El Diario.es
Por Alicia Avilés Pozo
29 de septiembre de 2015 


La Junta aprueba el anteproyecto de la normativa que endurecerá las medidas de prevención para “impedir” prácticas de fractura hidráulica

En el borrador no se prohíbe la práctica porque la Junta quiere evitar el freno del Tribunal Constitucional, por lo que hará “imposible” que se lleven a cabo las actividades de fracking



Nuevo frente abierto entre la Junta de Castilla-La Mancha y el Gobierno central en relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Ejecutivo de Emiliano García-Page ha dado luz verde al borrador del anteproyecto de ley por el que se aprobarán medidas adicionales para restringir las prácticas de fractura hidráulica en la comunidad autónoma. Es decir, su prometida Ley Antifracking. El anuncio lo han hecho el portavoz de la Junta, Nacho Hernando, y el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, junto a representantes de las plataformas ciudadanas contra esta práctica en el Campo de Montiel y La Mancha (Ciudad Real y Albacete) y en Guadalajara, que han participado en el segundo Consejo de Gobierno monográfico abierto al tejido asociativo.

Castilla-La Mancha se declara de esta forma como tierra ‘libre de fracking’, y la forma que buscará de impedir estos métodos de extracción de gas será endureciendo la legislación en un plazo de seis meses. Ha optado por no prohibir la práctica, para impedir que el Tribunal Constitucional tumbe la normativa al ser la regulación energética competencia estatal, como ha sucedido en La Rioja, Navarra y Cantabria. Por eso, la vía buscada es endurecer la prevención, en aras de la defensa de la salud y del medio ambiente, hasta el punto de imposibilitar que los proyectos puedan iniciarse. “No habrá problemas de inconstitucionalidad”, ha adelantado Martínez Arroyo, puesto que el proyecto de ley ha seguido los pasos de la normativa aprobada en el País Vasco, que actualmente sigue vigente y no ha podido declararse inconstitucional.

El borrador tomado en conocimiento busca un modelo energético alternativo en el que se tengan en cuenta los intereses de los castellano-manchegos del medio rural, y se basa en las recomendaciones que la Comisión Europea realizó en 2014 sobre fractura hidráulica. La prevención, la posibilidad de la contaminación de los acuíferos y de los suelos, “se pone por delante de todo”.

Además, dentro del mismo, en cuya fase final han colaborado las plataformas antifracking, se incluye la elaboración de un Plan Estratégico Sectorial de Castilla-La Mancha en materia de fracking, condición necesaria para que los ayuntamientos aprueben este tipo de actividades y que ahora no existe. La planificación obligará a tener en cuenta la sismicidad de las aguas, la contaminación, la zonificación del territorio, y la detección de zonas más vulnerables. O lo que es lo mismo, una serie de medidas “tan restrictivas” que harán que el fracking sea “imposible”.

¿Qué pasará con los proyectos de “fracking” de Castilla-La Mancha?

Actualmente, en Castilla-La Mancha hay dos proyectos activos de fractura hidráulica. El primero de ellos es en el Campo de Montiel, afecta a las zonas limítrofes entre Ciudad Real y Albacete y tiene permiso ambiental desde el año 2012. Según el consejero, cuando la ley entre en vigor, ya no se podrán desarrollar nuevas actividades en esta zona. En el segundo caso, el Proyecto Cronos de Guadalajara (que también afecta al sur de la provincia de Soria), aunque la competencia es del Ministerio de Medio Ambiente, también se verá afectado por el endurecimiento de la medidas de protección.

“Todo el 'fracking' desaparecerá de Castilla-la Mancha”, resumen desde el Gobierno regional. Incluso en el caso de encontrarse con la oposición de las empresas encargadas de las adjudicaciones, el consejero recuerda que dispondrán de su periodo de alegaciones y que tienen la opción de recurrir a los tribunales, "que podrán dictar sentencias en el sentido que sea”. El optimismo es tal que la Junta va a proponer que otras comunidades se sumen de la iniciativa.

Desde la Plataforma antifracking del Campo de Montiel y La Mancha, Javier López ha mostrado su satisfacción por que una administración haya iniciado el proceso y haya permitido la participación de la ciudadanía, al tiempo en que ha confiando en que se cumplan los plazos comprometidos. Por su parte, Antonio Sánchez, de la Plataforma de Guadalajara ha lamentado que esta normativa no se desarrollara por el Gobierno anterior. “No vamos a agradecer que lo hayan hecho ahora porque lo que están haciendo es su obligación”, ha afirmado, y ha pedido que se prohíba en toda España, ensalzando el lema “Fracking No. Ni aquí en ningún sitio”.



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OPINIÓN: El fin de la guerra contra las normas


La candidadura de Jeb Bush, primero por la derecha, vendría a confirmar la intención de continuidad de la saga de los Bush en el primer cargo del gobierno de los Estados Unidos





Publicado en El País / The New York Times
Por Paul Krugman
27 de septiembre de 2015 


Dato: el consejero delegado de Volkswagen ha dimitido tras saberse que su empresa ha cometido un fraude a escala colosal, al instalar en los coches diésel un programa informático que detectaba cuándo se estaban midiendo las emisiones y generaba resultados engañosamente bajos.

Dato: han condenado al expresidente de una empresa de cacahuetes a 28 años de cárcel por distribuir a sabiendas productos contaminados que, a continuación, causaron la muerte a nueve personas y enfermaron a 700.

Dato: Turing Pharmaceuticals, especialista no en inventar nuevos fármacos sino en comprar los que ya existen y subirles el precio, ha adquirido los derechos de un medicamento empleado para tratar las infecciones parasitarias. En este caso, el precio pasó de 13,50 dólares por pastilla a 750.

En otras palabras, son días interesantes para los expertos en empresarios rapaces.

No me cabe duda de que, como a cualquiera que señale los defectos éticos de algunas compañías, me acusarán de demonizar a las empresas. Pero lo que afirmo no es que todos los empresarios sean demonios, sino que hay algunos que no son ángeles.

Resulta que, en el mundo empresarial, hay personas que harán lo que sea, incluso permitir que muera gente con su fraude, con tal de ganar dinero. Y necesitamos una reglamentación eficaz que controle esa clase de mala conducta, especialmente para que los empresarios íntegros no estén en desventaja cuando compitan con otros menos escrupulosos. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no?

Bueno, antes lo sabíamos, gracias a un puñado de periodistas y reformistas de principios del siglo XX. Pero Ronald Reagan insistía en que el Gobierno siempre es el problema, nunca la solución, y esto se ha convertido en un dogma de la derecha.

En consecuencia, una buena parte de la clase política estadounidense ha declarado la guerra hasta a las normas más claramente necesarias. De hecho, ahora hay muchísima gente importante que sostiene que las empresas no pueden hacer nada malo y que el Gobierno no es quien para poner límites a la mala conducta.

Un ejemplo que viene al caso: esta semana, Jeb Bush, que tiene el extraño don de la inoportunidad, decidió publicar una tribuna de opinión en The Wall Street Journal en el que criticaba al Gobierno de Barack Obama por aprobar “un aluvión de normas que destruyen empleo y aplastan la creatividad”. El que tergiverse unos datos estadísticos seleccionados cuidadosamente, o el hecho de que el empleo privado haya crecido mucho más deprisa con las políticas “destructoras de empleo” del presidente Obama que durante el mandato de su hermano George W. Bush es lo de menos.

¿Y cuáles son esas normas terribles e injustificadas que Jeb Bush propone eliminar?

El control de las emisiones de dióxido de carbono debe desaparecer, por supuesto, porque no hacer nada respecto al cambio climático se ha convertido en parte esencial de la identidad republicana. Y también hay que acabar con la reforma sanitaria.

Pero Bush también propone suprimir las normas relacionadas con la eliminación de las cenizas de carbón, un subproducto de las centrales térmicas que contiene mercurio, arsénico y otros contaminantes que causan problemas de salud graves. ¿Les parece a ustedes que controlar este riesgo es una medida arbitraria y sin sentido?

Luego está la educación con ánimo de lucro, un sector plagado de fraudes —porque a los estudiantes les resulta muy difícil valorar lo que se les ofrece— que deja a muchos jóvenes estadounidenses endeudados hasta las cejas y sin perspectivas reales de que haya empleos mejores. Pero Bush critica los intentos de expurgar el sector.

Ah, y critica al Gobierno por “regular Internet como servicio público”, lo que puede sonar raro hasta que uno cae en la cuenta de que lo que de verdad se regulan son los proveedores de servicios de Internet, que se encuentran con poca o ninguna competencia en muchos mercados locales. ¿He mencionado que, en Europa, donde los proveedores de Internet están obligados a adaptarse a la competencia, la banda ancha es mucho más rápida y barata que en Estados Unidos?

Por último, aunque no por ello menos importante, Bush pide que se anule la regulación financiera, y repite la afirmación, probadamente falsa, de que la ley Dodd-Frank de hecho fomenta que los bancos se vuelvan demasiado grandes para ser rescatados. (Los mercados no están de acuerdo: a juzgar por lo que les cuesta prestar, los grandes bancos han perdido, no ganado, desde que se aprobó dicha ley). ¿Por qué íbamos a pensar que dejar que los bancos se descontrolen supone algún riesgo?

La cuestión es que Bush no se equivoca cuando insinúa que, durante el mandato de Obama, se ha tendido hacia el aumento de la regulación, tendencia que probablemente continúe si el año que viene gana un demócrata. Al fin y al cabo, Hillary Clinton anunciaba un plan para limitar el precio de los medicamentos al mismo tiempo que Bush daba rienda suelta a su diatriba antirregulatoria.

Pero la reacción en contra de las reglas se está produciendo por una razón. Puede que, durante la década de 1970, tuviésemos una reglamentación excesiva, pero ahora llevamos 35 años confiando en que las empresas hagan lo correcto con una supervisión mínima, y esto no ha funcionado.

Por eso, lo que hemos visto últimamente es un intento de corregir ese desequilibrio, de sustituir la oposición visceral a la regulación por un uso sensato de esta, allí donde haya motivos fundados para creer que las empresas podrían actuar de un modo destructivo. ¿Va a continuar este esfuerzo? Las elecciones del año que viene lo dirán.
 


Paul Krugman es premio Nobel de Economía de 2008.




Para acceder a la noticia, 

http://economia.elpais.com/economia/2015/09/25/actualidad/1443194289_679154.html


Para acceder a la noticia ORIGINAL en INGLÉS,

http://www.nytimes.com/2015/09/25/opinion/dewey-cheatem-howe.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fpaul-krugman&action=click&contentCollection=opinion&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=2&pgtype=collection&_r=0